Una nueva modalidad de delitos está ocurriendo en España, cientos de víctimas denuncian que un familiar ha sido secuestrado y amenazan con asesinarlo si no se cumple con el rescate. La policía recibió al menos 700 denuncias al respecto.
Pero han descubierto que todo es falso, una trama impuesta por presos comunes de las cárceles de Chile. Las llamadas las realizan desde los penales Colina II y Santiago I; desde hace un año este delito ha ido en aumento.
Según fuentes policiales, éstos son unos de los penales más peligrosos de la nación chilena, desde allí hacen llamadas telefónicas a diario a España para solicitar un rescate de 10 mil euros, amenazando con asesinar al supuesto secuestrado si no se obtiene el dinero.
El secuestro virtual sucede con una llamada entre gritos: “¡Ya tengo todo listo para soltar a María!”, anuncia uno de los secuestradores falsos a una madre de Xàtiva (Valencia), según el audio al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El secuestrador llega a pedir que no se le avise a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil en España, incluso imitan gritos de una chica para simular la voz de la muchacha raptada.
Para agregar más credibilidad, los presos recopilan información personal de los perfiles en las redes sociales de sus víctimas. Las llamadas se dirigen a números fijos seleccionados de forma aleatoria.
En las prisiones chilenas se les dificulta identificar al autor del crimen, puesto que en la misma celda cinco presos comparten el teléfono móvil.
“El pasado año identificamos en Chile a nueve personas. Tras unos meses de calma, el delito ha aumentado”, afirma Juan Alcolea, jefe del equipo de Negociación de Secuestros de la Policía Nacional de España, quien recientemente visitó Chile para colaborar con las investigaciones que coordinan la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Chacabuco.
Para tratar de resolver estos delitos el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, que tiene varias denuncias sobre este caso, ha enviado a Chile una comisión rogatoria, que es como se denominan las peticiones de información a un país extranjero.
Los presos logran convencer a las víctimas para que saquen del cajero entre 500 y 1.000 euros, aunque pidan inicialmente 10.000, y que transfieran el dinero a través de compañías como Western Union o MoneyGram International.
Hasta ahora, el rescate sólo han logrado cobrarlo en un 5 % de los casos. Un total de 20 víctimas han caído en esta trampa en España este año, mientras que en 2015 fueron 15.
La suma total de lo estafado es de 32.000 euros en año y medio. De todos modos, sigue siendo un delito rentable en un país que tiene un salario mínimo de 325 euros mensuales.
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