Un equipo de investigadores internacionales que fue enviado a México para desentrañar una de las más graves atrocidades contra los derechos humanos de esta nación, fue objeto de seguimiento con tecnología de vigilancia sofisticada vendida al gobierno mexicano para espiar a criminales y terroristas.
El espionaje tuvo lugar durante lo que los investigadores llaman una amplia campaña de acoso e injerencia que les impidió resolver el inquietante caso de 43 estudiantes que desaparecieron después de enfrentarse con la policía hace casi tres años.
Nombrados por una comisión internacional que vigila los derechos humanos en las Américas, los investigadores del GIEI aseguran que fueron recibidos con muchos obstáculos por parte del gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos importantes o a conceder entrevistas vitales e, incluso, enfrentar una indagatoria penal en represalia a su trabajo.
Y ahora, además, la evidencia forense muestra que los investigadores internacionales también estaban siendo objeto de seguimiento mediante el uso de tecnología avanzada de vigilancia.
La principal persona de contacto del grupo de investigadores recibió mensajes de texto con el software espía conocido como Pegasus, una ciber-arma que el gobierno de México gastó decenas de millones de dólares para adquirir, según un análisis independiente. El teléfono del coordinador fue utilizado por casi todos los miembros del grupo, sirviendo a menudo como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la comisión internacional que los nombró y el gobierno mexicano.
Más allá de eso, los investigadores dicen que recibieron mensajes de texto idénticos en sus teléfonos propios también, atrayéndolos a hacer clic en enlaces que secretamente desbloquean el teléfono inteligente de un objetivo para convertirlo en un poderoso dispositivo de vigilancia. Las llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, calendarios y contactos pueden ser monitoreados de esa manera. Los mensajes cifrados se vuelven inútiles. Incluso el micrófono y la cámara en un teléfono inteligente se puede utilizar en contra de su propietario.
El esfuerzo por espiar a funcionarios internacionales se suma a una ofensiva de espionaje en México, donde algunos de los periodistas más prominentes del país, abogados de derechos humanos y activistas contra la corrupción han sido los blancos de la misma tecnología de vigilancia. Pero la nueva evidencia demuestra que la campaña de espionaje fue más allá de solamente los críticos domésticos de la nación.
La vigilancia bajo la ley mexicana se puede realizar solamente con la autorización de un juez federal, y sólo si el gobierno puede demostrar un motivo válido para hacerlo. Pero con el tipo de inmunidad diplomática que recibieron los investigadores era extremadamente improbable que un juez federal hubiera sido autorizado a firmar tal orden, dijeron los investigadores.
El gobierno ha negado la responsabilidad por el espionaje, y agregó que no hay pruebas sólidas porque el spyware no deja rastros de las huellas dactilares individuales del hacker. Se ha comprometido a realizar una investigación exhaustiva, prometiendo invitar a especialistas de las Naciones Unidas y del FBI para obtener ayuda. Uno de los objetivos de la vigilancia, según el análisis forense, fue un abogado de los Estados Unidos que representaba a unas víctimas de agresión sexual por parte de la policía mexicana.
La desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014 encendió un gran clamor en México. Cientos de miles de personas salieron a las calles para protestar contra un caso que, para muchos, representaba todo lo que afecta a México, una nación donde unas 30.000 personas han desaparecido y más de 100.000 han muerto en la inagotable guerra contra las drogas.